Conoce el Fobaproa, la deuda bancaria que los mexicanos seguirán pagando por medio siglo
Por: César Barboza fuente: https://businessinsider.mx/
- Los mexicanos seguimos pagando más de 43,000 millones de pesos al año en una deuda que se generó hace más de dos décadas.
- Los intereses de este endeudamiento bancario se pagarán por futuras generaciones.
- Malas decisiones políticas y fraudes de empresarios que controlaban algunos bancos dieron pie a escándalos que sacudieron a la sociedad mexicana de ese entonces.
Si te dijeran que tú y toda tu descendencia están endeudados por los próximos 50 años y obligados a pagar altos intereses, por algo que ocurrió antes de que nacieran, ¿qué pensarías? ¿Quién se endeuda de esa manera? Conoce la historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que con apenas 4 años de edad, se convirtió en un villano, al ser una pieza instrumental para resolver una crisis financiera que llevó a empresarios al suicidio y a familias a perderlo todo.
Creado en 1990, el Fobaproa, fue un esquema que estaba diseñado para funcionar como un seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores, pero tras el “error de diciembre” de 1994, tuvo que ser utilizado por el gobierno, entonces encabezado por Ernesto Zedillo, para devolverle solvencia a los bancos y, de esta forma, proteger el ahorro de los clientes, cuando diversas instituciones financieras se declararon en quiebra.
Pero al implementarse el rescate se descubrió que algunos de los bancos que se verían beneficiados por el Fobaproa estaban involucrados en casos de fraude, evasión fiscal y malas prácticas bancarias por parte de algunos empresarios. Los casos más sonados fueron los de Carlos Cabal Peniche, propietario de Banca Cremi y Banco Unión (hoy inversionista de Interjet); el fallecido Jorge Lankenau, dueño de Banca Confía y Ángel Rodríguez “El Divino”, propietario de Banpaís.
Fue tal la insolvencia de los bancos durante la crisis de 1994, que el Fobaproa terminó absorbiendo su cartera vencida en los siguientes años, hasta acumular una deuda de 552,300 millones de pesos, equivalentes al 11% del tamaño de toda la economía mexicana de ese entonces, por lo cual tuvo que ser en convertida a deuda pública en 1999 y que hasta hoy, la ciudadanía continúa pagando con sus impuestos.
En pesos actuales, ajustada al efecto de la inflación, equivale a más de 1.8 billones de pesos en 2020, el 10% de la economía actual, el Producto Interno Bruto (PIB) que superó los 18 billones de pesos el año pasado. Actualmente restan por pagar 890,356 millones de pesos, poco más del 4% del PIB. Para dimensionar esta cantidad, se debe todavía casi tres veces el gasto en Educación Pública que realizó el gobierno en 2019.
El pago anual de esta deuda que hacemos con nuestros impuestos será de 43 mil millones de pesos en 2020, de acuerdo con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), quien heredó la deuda del Fobaproa en 1999.
Con esta cantidad se podría pagar el presupuesto de una dependencia federal como la Secretaría de Hacienda, por un año. Los bancos aportan a esta deuda casi 18,000 millones adicionales, que corresponden a tres cuartas partes de sus cuotas destinadas al seguro de protección al ahorro del IPAB.
Los detonantes del error de diciembre de 1994
Los factores que provocaron la debacle económica de 1994 comenzaron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Su gobierno comenzó un proceso de apertura y liberalización que se basaba en la atracción de capital extranjero, para estabilizar y hacer crecer a la economía, la cual se encontraba estancada desde la década de los 80, explican en una investigación los académicos Humberto Banda y Susana Chacón.
Pero casi tres cuartas partes de la inversión que llegó al país se fue a bonos del gobierno y al mercado accionario, por lo que no se tradujo realmente en un impacto en la economía, que beneficiara a la mayor parte de la población.
La dependencia de este capital extranjero, llamado en ese entonces “golondrino”, puso en riesgo a la economía mexicana. Si los inversionistas no confiaban en la estabilidad económica y política del país, podían “volar” con estos recursos hacia otro mercado que ofreciera mejores condiciones, lo que devaluaba la posición del peso con respecto al dólar.
El problema, hace tres décadas, era que México contaba con un tipo de cambio basado en una banda cambiaria, es decir, el Banco de México (Banxico) establecía el valor del peso con respecto al dólar dentro de un rango llamado “banda de flotación”. Este tipo de cambio estaba respaldado, entre otros factores, por las reservas internacionales, así como por el flujo de capital extranjero.
Ante una fuga de este capital, Banxico podía corregir y devaluar el tipo de cambio — con el costo de aumentar el precio de productos del exterior y por lo tanto la inflación —. También Banxico podía subir su tasa de interés para ofrecer más rendimientos e incentivar a los inversionistas a permanecer en el mercado mexicano.
Pero este aumento tendría el efecto no deseado de incrementar el costo del crédito para personas y empresas debido a la fragilidad de la banca de ese entonces.
Esa fragilidad tiene origen en el proceso de apertura y liberalización económica que comenzó en el sexenio de Salinas, el cual requirió la venta de empresas públicas, entre las cuales se encontraban los bancos. De ahí que los políticos e intelectuales de izquierda han llamado a ese sexenio como el comienzo de la era “neoliberal.”
La banca fue privatizada entre 1991 y 1992, pero al no existir una adecuada supervisión, las instituciones financieras otorgaron créditos de forma excesiva, inundando el mercado con financiamientos que no estaban sustentados en la capacidad de pago de sus clientes, explicaron Fausto Hernández y Marcos Avalos en un reporte elaborado para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La banca operaba bajo el supuesto de que en caso de insolvencia, el ahorro de los clientes estaba protegido por el Fobaproa. “Este seguro, que respalda la solvencia de los bancos, generó la percepción de que el gobierno mexicano no permitiría que las instituciones bancarias se declararan en bancarrota, lo que también condujo a los banqueros a tomar riesgos exagerados”, detallaron Hernández y Ávalos.
Por lo tanto, un incremento súbito en la tasa de interés, elevaría el costo del crédito a una cartera de clientes con un alto riesgo de no poder pagar sus deudas, lo que ponía a los bancos en una situación de extrema vulnerabilidad.
Explota la inestabilidad política de 1994
Aún con estos riesgos, la economía mexicana logró crecer en los primeros años del sexenio de Salinas, cuyo gobierno prometía aún mayor apertura y bonanza económica con el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994.
Pero el primer día de ese año, la entonces guerrilla, ahora movimiento político, Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) comenzó a tomar poblados en Chiapas; en marzo, el candidato priísta a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana y en septiembre fue asesinado el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , José Francisco Ruiz Massieu.
Ante un mayor riesgo de inestabilidad política en México, y los claros síntomas de debilidad bancaria, los inversionistas comenzaron a retirar su capital, lo que devaluó el valor real del peso. Sin embargo, el gobierno no corrigió el tipo de cambio y lo mantuvo sobrevaluado en la banda de flotación, indicaron Banda y Chacón.
El gobierno de Salinas recibió advertencias de los expertos de la época. Fueron rechazados debido a que era impensable devaluar la moneda en un año electoral, romper con las expectativas económicas y poner en riesgo la permanencia del PRI en el poder, señalaron los académicos.
“El tipo de cambio representaba un ‘ancla’ para el modelo económico. Al cambiarlo, el modelo se ponía en riesgo, ya que difícilmente se mantendría el crecimiento de 3% necesario para su funcionamiento”, agregaron.
“Además, Salinas tampoco pondría en juego su orgullo y su inminente candidatura para la recién creada Organización Mundial de Comercio (OMC)”, añadieron.
Banxico pensó que la situación era transitoria, y la moneda continuó sobrevaluada. Empero para lograr que continuara el flujo de capital extranjero al mercado mexicano, el gobierno aumentó la colocación de un instrumento financiero llamado «tesobono» en el primer trimestre de 1994, que garantizaba a los inversionistas extranjeros un rendimiento ligado a la paridad con el dólar, recordaron Banda y Chacón.
Muchos inversionistas especulativos cambiaron bonos que pagaban rendimientos en pesos, a tesobonos, que ofrecían una ganancia ligada al dólar. Pero cuando el peso continuó cayendo, la deuda de los tesobonos se hizo impagable para el gobierno mexicano.
La deuda pública en tesobonos aumentó más de 10,000% entre marzo de 1992 y diciembre de 1994. La situación se volvió insostenible para el gobierno mexicano, lo que profundizó la desconfianza de los inversionistas.
Banxico se vio obligado a devaluar la moneda por última ocasión el 20 de diciembre de 1994, y subió su tasa de interés para contener la fuga masiva de capital, relataron Banda y Chacón.
Un día después, el 21 de diciembre, el gobierno del presidente entrante, Ernesto Zedillo, tomó la decisión de que el tipo de cambio ya no estaría definido dentro de una banda y su valor se determinaría libremente por la oferta y demanda internacional.
La forma en cómo el gobierno de Zedillo comunicó estas medidas fue interpretado como una advertencia a los inversionistas para que cambiaran su capital de pesos a dólares y, de esta forma, protegerse de una inminente devaluación del peso, ahora que sería determinado por su verdadero valor en los mercados, acentuando la fuga de capital. Este evento fue bautizado por el expresidente Salinas como “el error de diciembre.”
El peso se devaluó, lo que detonó la crisis económica en México en enero de 1995 y se tuvo que pedir un paquete de rescate económico internacional con apoyo de Estados Unidos.
La crisis ahogó a personas y empresas
Cuando aumentó súbitamente la tasa de interés para detener la devaluación del peso, al mismo tiempo se dio un golpe fatal a los bancos, personas y empresas. Además de que los créditos se volvieron impagables, se puso en riesgo el dinero de los ahorradores mexicanos con la quiebra de algunos bancos.
Por si fuera poco, al tronar esta burbuja de créditos bancarios, se destaparon malas prácticas bancarias y el desvío de recursos de algunos empresarios dueños de los bancos.
El actual inversionista de Interjet, Cabal Peniche desvió en la última década del siglo pasado 700 millones de pesos de ese entonces, desde Banca Cremi y Banco Unión a compañías de su propiedad, relata el diario La Jornada. Fue perseguido hasta ser detenido en Australia, en 1998.
El año pasado confesó públicamente para Telereportaje de Emmanuel Sibilla que participó en la creación de fideicomisos para otorgar recursos a las campañas presidenciales de los priístas Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, así como del exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo.
Ángel Rodríguez, apodado “El Divino”, también emitió autopréstamos al ser el presidente del banco Banpaís, los cuales ascendieron a 800 millones de dólares de la época, recuerda El País, en 1998. También fue perseguido por las autoridades hasta ser detenido en un yate en Palma de Mallorca, España en ese mismo año.
En tanto Jorge Lankenau, director general de Banca Confía fue acusado de fraude y evasión fiscal, por realizar desvíos a paraísos fiscales. Utilizó este banco para hacer préstamos a una empresa extranjera, defraudando a 230 inversionistas por 170 millones de pesos, cuenta la revista Proceso, en una nota sobre su fallecimiento en junio de 2012. Lankenau estuvo preso en México de 1997 a 2005 por esos delitos.
En 1994, Banca Cremi y Banco Unión fueron las primeras instituciones intervenidas por el Fobaproa “a consecuencia de los malos manejos de sus administradores”, de acuerdo con el Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004 de la Auditoría Superior de la Federación.
Los noticiarios de la época informaban sobre la crisis económica, así como los fraudes millonarios que comenzaron a destaparse con el rescate bancario, mientras los empresarios y las personas empezaban a sentir los efectos de la crisis.
Las deudas se volvieron impagables
Los empresarios necesitaban del crédito para operar, pero con la devaluación del peso importar insumos del exterior era más caro, además con el alza de las tasas de interés, las empresas y las personas no podían pagar sus deudas, perdiendo de esta forma su acceso al financiamiento, paralizando su actividad.
Los pequeños y medianos empresarios tuvieron que hipotecar sus propiedades para pagar deudas, y en muchos casos, no para salvar su negocio, sino para pagar la liquidación de empleados, enfrentar demandas laborales y de proveedores.
“Hubo personas que se suicidaron”, relató a Business Insider México la exempresaria Zoila V., quien, desde 1994, dejó de confiar en las instituciones de crédito. “La verdad, tenía miedo de pedir prestado o que una empresa me dijera ‘te doy crédito’. Es más, cuando voy caminando y me ofrecen una tarjeta de crédito me alejo lo más rápido posible”, dijo.
En un principio, el Fobaproa no alcanzó para cubrir la insolvencia de los primeros bancos que lo necesitaron, por lo que el gobierno emitió deuda para comprar la cartera vencida de las instituciones bancarias afectadas en 1995, y extendió ese programa hasta 1996, para salvaguardar el ahorro de las personas.
Entre 1995 y 1998, el Fobaproa intervino a 14 de 18 bancos. Sobrevivieron Bancomer, Banamex, Bital y Banorte. En 1998, el gobierno de Zedillo propuso que el Fobaproa se convirtiera en deuda pública, lo cual fue aprobado por el Congreso e instauró el IPAB que heredó la deuda bancaria, la cual se seguirá pagando en las próximas décadas.
Hoy en día, Banamex es parte del estadounidense Citigroup; Bancomer fue comprado por el banco español BBVA; Bital por la multinacional británica HSBC y Banorte es actualmente el único banco totalmente mexicano sobreviviente de esa época.
El sistema bancario y financiero de México de hoy es completamente diferente a la década de los 90. Existe una amplia regulación bancaria, un buró de crédito que analiza la capacidad de pago de los clientes y el Banco de México supervisa la liquidez del sector.
Aunque participantes como Banco FAMSA se han declarado en bancarrota, no se ha registrado una falla sistémica como la que destruyó el patrimonio de las familias hace 26 años. Sin embargo, la próxima generación seguirá endeudada, y pagando, casi sin saberlo, los errores de políticos y empresarios bancarios de aquel turbulento 1994.