El dilema de EE.UU.: Si los cárteles son terroristas, ¿son las armerías sus cómplices?
La reciente propuesta del expresidente Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha generado un intenso debate en ambos lados de la frontera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha puesto sobre la mesa una interrogante clave: si los cárteles son considerados terroristas, ¿las armerías estadounidenses que abastecen de armas a estos grupos también son cómplices de terrorismo?
El impacto de la designación terrorista
Bajo las leyes antiterroristas de Estados Unidos, cualquier persona o entidad que brinde apoyo material a una organización terrorista puede ser procesada como cómplice. Esto incluiría a quienes financian, entrenan o proveen equipo a dichos grupos. En este contexto, las armerías y distribuidores de armas en EE.UU., cuyos productos terminan en manos del crimen organizado en México, podrían caer en esta categoría.
Estudios han revelado que hasta el 70% de las armas confiscadas a los cárteles en México provienen de Estados Unidos. Rifles de asalto como el AR-15 y el AK-47, altamente demandados por el crimen organizado, son adquiridos legalmente en tiendas de estados fronterizos como Texas y Arizona y posteriormente traficados de manera ilegal a México. La facilidad con la que los grupos criminales acceden a armamento sofisticado alimenta la violencia y fortalece su operatividad.
Una realidad incómoda para EE.UU.
Si Washington aplicara con rigor sus propias leyes antiterroristas, tendría que investigar y sancionar a las empresas y ciudadanos que facilitan el acceso de armas a los cárteles. Sin embargo, el poderoso lobby de las armas en EE.UU., encabezado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), ha impedido cualquier intento serio de regular la venta de armamento, argumentando que cualquier restricción atenta contra la Segunda Enmienda de la Constitución.
El gobierno de México ha intentado responsabilizar a EE.UU. en tribunales, como en la demanda presentada en 2021 contra fabricantes de armas por facilitar el flujo de armamento al crimen organizado. No obstante, la demanda fue desestimada, reflejando la falta de voluntad política en EE.UU. para abordar el problema desde su origen.
El doble discurso de la lucha contra el narcotráfico
Estados Unidos ha presionado a México durante décadas para que combata con mayor agresividad a los cárteles, pero rara vez ha reconocido su propia responsabilidad en la crisis. La demanda de drogas en su territorio sigue siendo el motor principal del narcotráfico, y la laxitud en la regulación de armas contribuye a que los cárteles se fortalezcan. En este sentido, la postura de Sheinbaum pone en evidencia una contradicción: no se puede declarar terroristas a los cárteles sin reconocer la complicidad indirecta del comercio de armas en EE.UU.
Si la designación de los cárteles como terroristas sigue adelante, Estados Unidos enfrentará un dilema político y legal: aplicar la misma dureza con la que persigue a estos grupos a los actores internos que facilitan su operación. De lo contrario, la medida podría quedar como una simple estrategia electoral y no como una solución real al problema del narcotráfico. Mientras no haya una acción coordinada para frenar tanto el flujo de drogas hacia EE.UU. como el de armas hacia México, la violencia seguirá siendo una tragedia compartida entre ambas naciones.
