Expropiación petrolera en México
¿Qué fue la expropiación petrolera en México?
En la historia de México, se conoce como la expropiación petrolera al proceso de nacionalización, o sea, de compra forzosa por parte del Estado, de todos los bienes y activos de las empresas extranjeras dedicadas a la industria petrolera, que tuvo lugar durante la presidencia del militar y estadista mexicano Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970).
Se trata de un evento de suma importancia en la historia contemporánea de la nación mexicana. Se produjo mediante la aplicación del artículo 27 de la Constitución Mexicana y de la ejecución de la Ley de Expropiación del año 1936, a través de un decreto presidencial anunciado el día 18 de marzo de 1938, fecha en la que desde entonces conmemora.
La expropiación petrolera estuvo motivada, en principio, por el conflicto laboral existente entre los sindicatos de trabajadores petroleros mexicanos y las numerosas empresas dedicadas a la explotación de este rubro. Entre ellas figuraban filiales y subsidiarias de Royal Dutch Shell, Standard Oil Company de New Jersey, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation y muchas otras.
El punto de quiebre fue el incumplimiento por parte de estas empresas de la sentencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ratificada después por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que otorgaba mejorías salariales a los obreros petroleros mexicanos.
Antecedentes de la expropiación petrolera en México
Los reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo y por un mayor control del Estado en la industria petrolera tenían larga data en la historia de México, desde el fin del llamado Porfirato, el régimen de Porfirio Díaz (1830-1915), cuya Ley del petróleo de 1901 eximía a las empresas petroleras del pago de impuestos y les otorgaba una serie de privilegios para la inversión e importación de equipos.
Cuando los gobiernos siguientes, de corte Revolucionario, pretendieron modificar los acuerdos arancelarios, las empresas extranjeras lograron ejercer presión diplomática y dieron inicio al conflicto.
Ciertas reformas se lograron con la Ley petrolera de 1926, decretada por el presidente Plutarco Elías Calles (1877-1945), a pesar de que México se hallaba inmerso en la Guerra Cristera (1926-1929) y bajo grandes presiones extranjeras. Poco cambió durante el “Maximato”, pero el presidente Abelardo Rodríguez (1889-1967) creó en 1934 la empresa estatal Petróleos de México S. A. (Petromex), para competir con las corporaciones extranjeras.
En 1935, el presidente Cárdenas formó una alianza con los trabajadores petroleros y abogó por la creación del primer gremio unificado de obreros petroleros, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a pesar de la oposición de las empresas, que preferían tener sindicatos separados con los cuales negociar.
Este fue el primer paso hacia la negociación de un contrato colectivo, y estuvo acompañado por la promulgación en 1936 de la Ley de Expropiación que permitía al Estado tomar propiedades consideradas de interés público, y fijaba un plazo de 10 años para compensar a los propietarios.
Al año siguiente, a pesar de las preocupaciones expresadas por los diplomáticos estadounidenses por los recientes cambios en la ley, se creó también la Administración General del Petróleo Nacional (AGPN), que respondía directamente al poder ejecutivo y absorbió las funciones de Petromex.
La expropiación petrolera
Así llegamos a 1938, año en que el conflicto laboral llegó a su clímax y la expropiación petrolera otorgó al Estado el control directo y legal sobre armamento, instalaciones, equipos, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos, y todos los bienes muebles e inmuebles en general de las empresas petroleras extranjeras.
Esta medida contó con un inmenso apoyo popular, expresado en manifestaciones multitudinarias en las que la propia gente realizó donativos para ayudar a pagar la indemnización a los propietarios de las empresas. Incluso la Iglesia Católica y otros sectores conservadores, opuestos generalmente al gobierno, se mostraron de acuerdo con la expropiación.
En cambio, las protestas diplomáticas de Gran Bretaña, Países Bajos y Estados Unidos no se hicieron esperar, negándose a reconocer la expropiación y reclamando el pago de indemnizaciones. Los tres países reclamaban, además, el pago no sólo de los bienes incautados, sino del combustible sin extraer en el subsuelo, cosa a la que el gobierno mexicano se negaba, por considerarlo un patrimonio del pueblo mexicano.
Las relaciones diplomáticas entre México y Gran Bretaña fueron suspendidas. Aunque las negociaciones con los Estados Unidos fueron más amigables, pronto los tres países y sus empresas petroleras iniciaron un boicot comercial contra México, para impedirle acceder a la maquinaria y los insumos petroquímicos necesarios para el refinamiento del petróleo.
Se embargaron bienes petroleros mexicanos depositados en puertos europeos y estadounidenses, y la nación latinoamericana logró vender apenas una ínfima parte del combustible que antiguamente exportaban estas empresas, a través de negociaciones con otras empresas transportistas estadounidenses, como la Davis & Co. y luego con otras empresas refinadoras como Eastern States Petroleum Co.
Eventualmente, las empresas se vieron obligadas a reconocer la soberanía mexicana sobre su petróleo, y se reanudó una serie de infructuosas negociaciones. Las corporaciones deseaban retomar un esquema de trabajo similar al que ya tenían, involucrando al Estado mexicano como accionista, pero jamás aceptaron el reconocimiento pleno del petróleo como propiedad exclusiva de México.
El fin del conflicto
El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) puso fin al conflicto por el petróleo mexicano, ya que al presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) le interesaba más contar con la presencia de México en la alianza antifascista, que proteger los intereses de las empresas petroleras expropiadas.
En 1941 se firmó el Convenio del Buen Vecino (Good Neighbor Agreement) y ese mismo año las relaciones entre México y Gran Bretaña se normalizaron. Desprovistas de apoyo diplomático, las empresas petroleras no tuvieron más opción que negociar el pago de sus respectivas indemnizaciones.
La deuda total por indemnización a Standard Oil Company se liquidó en 1947 y ascendió a 30 millones de dólares de la época. Por otro lado, en 1962 se liquidó la totalidad de la indemnización a Shell, correspondiente a 81.25 millones de dólares de la época.